te el crecimiento urbano en áreas que aún no cuentan con un POT aprobado, proporcionando directrices básicas para su desarrollo (Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, 2015).

El contenido de cada instrumento también presenta diferencias sustanciales. Los POT incluyen estudios urbanísticos, ecológicos y económicos, con normativas específicas sobre densidades, usos del suelo y expansiones urbanas. Se trata de documentos con un nivel de detalle elevado, destinados a guiar la planificación territorial a largo plazo (La Asamblea Nacional de Panamá, 2006). Los EOT, por su parte, se enfocan en guías básicas para el desarrollo local, con menos regulaciones técnicas y mayor flexibilidad en su aplicación. Esta diferencia en la estructura y contenido de cada instrumento ha generado desigualdades en su aplicación a nivel nacional, ya que la falta de recursos técnicos y financieros ha limitado la implementación de POT en muchas regiones.

A pesar de que ambos instrumentos buscan mejorar la planificación territorial, su implementación enfrenta desafíos significativos. En el caso de los POT, su desarrollo y ejecución requieren de estudios técnicos avanzados, consultas públicas y la aprobación de diversas instancias gubernamentales. Este proceso puede ser prolongado y, en ocasiones, queda rezagado por falta de financiamiento o voluntad política (Yangüez, 2023). Por otro lado, los EOT suelen ser más rápidos de implementar, pero su carácter provisional limita su efectividad a largo plazo, ya que no establecen una normativa estructurada para el crecimiento ordenado de las ciudades y áreas rurales (La Asamblea Nacional de Panamá, 2015).

Panamá no cuenta con ninguna herramienta que priorice la elaboración de los POT en territorios vulnerables, fomentando que muchas municipalidades opten por los EOT como una solución a corto plazo. Esto ha llevado a que hayan aprobado 508 Esquemas de Ordenamiento Territorial desde el 2019 hasta el 2024 (Lasso, 2024), sin desarrollar posteriormente los POT correspondientes, que garanticen un crecimiento ordenado y sostenible. En muchos casos los esquemas provisionales se prolongan indefinidamente, afectando la planificación territorial a largo plazo.

Pese a la existencia de un marco normativo consolidado con la Ley 6 de 2006, la Ley 14 de 2015 y la Resolución 732-2015, la aplicación de estos instrumentos sigue siendo limitada. Además, la descentralización de competencias en materia de ordenamiento territorial ha generado desafíos adicionales. Aunque la Ley 14 de 2015 (La Asamblea Nacional de Panamá, 2015) otorgó mayor autonomía a los municipios en la gestión del desarrollo urbano, muchas administraciones locales carecen de solidez institucional, capacidad técnica y recursos financieros para formular y ejecutar planes eficaces. Esto ha provocado una fragmentación en la aplicación de la normativa, con municipios que han logrado avances significativos en la planificación, mientras que otros han quedado rezagados, permitiendo la expansión de asentamientos informales y el deterioro ambiental.

Finalmente, si bien Panamá cuenta con una base normativa robusta en materia de ordenamiento territorial, la realidad muestra que su aplicación enfrenta múltiples barreras, entre ellas, el dilema de qué área requiere más atención en materia de ordenamiento territorial. Por ello, es necesario tener una herramienta que muestre qué territorios son prioritarios y así permitir enfocar esfuerzos en el desarrollo de los planes de ordenamiento.

El artículo se conforma de la siguiente manera: en la sección sucesiva se describe la situación actual del estado de los planes de ordenamiento territorial en Panamá. Posteriormente se describe la metodología utilizada para el diseño del sistema de priorización del ordenamiento territorial, con su fase de construcción del índice (IPOT) y su fase de semaforización. En la siguiente sección se revelan los resultados de la puesta en práctica del sistema y, por último, se ofrecen las conclusiones.